A 25 días de vencido el plazo
SÚMATE EXIGE QUE EL CNE PRESENTE CUENTAS DE SU GESTIÓN

Caracas, 25 de Marzo 2008
NPS 238

Súmate introdujo un Recurso Contencioso Electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que exija al Consejo Nacional Electoral la presentación de su Memoria y Cuenta 2007, ya que el pasado 29 de febrero venció el plazo para cumplir con esta obligación, tal como lo establece el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.  

Como hasta la fecha el CNE tiene una mora de 25 días, la organización ciudadana se dirigió al TSJ con el fin de que declare la omisión por parte del organismo comicial en la rendición de sus cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio anual que culminó el pasado 31 de diciembre de 2007. Al mismo tiempo, solicita que le ordene al Poder Electoral la elaboración de su Memoria y Cuenta y su debida presentación ante la Asamblea Nacional. 

Esta ONG considera que el CNE como Poder Electoral debe ser el más interesado en cumplir con la obligación de rendir cuentas claras y transparentes ante el país dentro de los primeros 60 días del año siguiente a su ejecución presupuestaria, tal como lo exige la legislación venezolana a todos los poderes públicos. 

Dentro de los planteamientos de Súmate para exigir que el Poder Electoral rinda cuentas ante el país, aun cuando ya ha incurrido en mora, destaca el hecho de que ha dispuesto de cuantiosos recursos financieros, algunos de ellos adicionales a su presupuesto ordinario, y hasta la fecha los venezolanos no sabemos cuál ha sido el costo de los procesos de referendos revocatorios regionales y del Referendo Consultivo de la Reforma Constitucional que tuvieron lugar el pasado año 2007, incluyendo las inversiones en tecnología y equipos de votación.

Esta organización ciudadana espera que el TSJ admita y declare con lugar esta solicitud, la cual introduce como parte de su ejercicio ciudadano previsto en el artículo 66 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la cual establece que los electores tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión.
  

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