CASO LEGAL CONTRA SÚMATE
PERSECUCIÓN POLÍTICA
Ni la Constitución
ni las leyes venezolanas prohíben el financiamiento de
ONG’s por organizaciones internacionales; por el contrario,
el Tribunal Supremo de la Justicia y muchas otras instituciones
públicas reciben y han recibido contribuciones de varias
organizaciones internacionales.
El
delito de conspiración presupone una tentativa en contra
de la forma republicana que se ha dado el Estado, conforme a la
Constitución venezolana.
• El estado venezolano
ha iniciado 3 investigaciones que, supuestamente, incriminan a
Súmate y a varios de sus miembros:
• Las imputaciones que dieron inicio a la tercera investigación
fueron soportadas por declaraciones de funcionarios del gobierno
y de líderes y representantes de partidos oficialistas,
por hechos que no están previstos como delitos en la legislación
venezolana.
• La Fiscalía General
de la Republica abrió una investigación de manera
absolutamente irregular:
• Maria Corina Machado (MC
Machado), Alejandro Plaz (A Plaz), Luis Enrique Palacios (LE
Palacios), y Ricardo Estévez (R Estévez), miembros
de Súmate, fueron citados como testigos, a pesar de que
la investigación era en su contra, por lo que no se les
permitió estar asistido de un abogado al momento de rendir
declaración la primera vez.
• La Fiscalía se negó
a llevar a cabo las diligencias probatorias solicitadas por
la defensa, por lo que nunca se tomó declaración
a los miembros y directivos del National Endowment for Democracy,
a pesar que de acuerdo a la fiscalía fueron estas personas
quienes suministraron el dinero para la supuesta conspiración,
es los miembros del NED son los co-autores de la pretendida
conspiración.
• Los hechos por los cuales
MC Machado, A Plaz, LE Palacios, and R Estévez, fueron
acusados de conspiración son el desarrollo de actividades
educativas dirigidas a la comunidad general.
• Las acusaciones están
basadas en la criminalización del ejercicio de los derechos
de participación política establecidos en la constitución
venezolana, con el único objetivo de asegurar la hegemonía
del poder gubernamental actual.
• El 30 de Septiembre de 2004
la Fiscal Sexta concluyó de forma artificial la investigación
al dictar su acto conclusivo, acusando como autores a Maria Corina
Machado, Alejandro Plaz, Luis Enrique Palacios y Ricardo Estévez
y solicitando medida privativa de libertad para Machado y Plaz
y acusando como cómplices no necesarios y solicitando medidas
cautelares para Estévez y Palacios.
• Maria Corina Machado, Alejandro
Plaz, Luis Enrique Palacios y Estévez han demostrado reiteradamente
su disposición a colaborar con el Ministerio Público
lo cual ha admitido el Ministerio Público. A pesar de que
sus derechos fueron vulnerados, ellos asistieron a cada una de
las citaciones libradas en su contra y además aportaron
documentación e información siempre que la fiscalía
lo requirió.
• La solicitud de medida privativa
en contra de Machado y Plaz, demuestra la motivación política
de la Fiscal, ya que no existen motivos para suponer que Machado
y Plaz no se vayan a someter al proceso en su contra.
• La audiencia preliminar fue
pospuesta del 02/11/04 a 24/11/04 por el Tribunal 41° de Control,
cuando la Fiscalía debiera haber decidido si había
o no méritos para procesar a los miembros de Súmate
y también si las medidas cautelares solicitadas contra
ellos tenían bases legales.
• El 16/11/04, MC Machado y
R Estévez solicitaron ante la Sala de Casación Penal
del Tribunal Supremo de Justicia llevara estos procedimientos.
• El 02/11/04, esta Corte de
Casación admitió la solicitud de avocamiento, ordenando
que el expediente le fuera remitido a ella y paralizo el curso
de la causa, hasta que fuese decidido el fondo del asunto.
• En noviembre de 2004 la Sala
de Casación Penal del Tribunal Supremo ordenó permitir
la presentación de la pruebas de la defensa y que, de ser
imputados fuesen juzgados en libertad ya que los miembros de Súmate,
reiteradamente han probado su colaboración y no presentan
riesgo de evasión.
En Diciembre de 2004,
la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión
una reforma parcial al Código Penal que penaliza a las
ONG’s que reciban financiamiento del extranjero.
