Política

OMAR MORA DÍAZ, presidente del Tribunal Supremo de Justicia
“Sí, yo sí soy revolucionario”

 

El nuevo rector del Poder Judicial se enorgullece de su pasado y de su presente. De haber militado en la Juventud Comunista y haber estado preso en siete oportunidades; de haber contribuido a reestablecer la estabilidad política después de la crisis de abril de 2002; así como de ser protagonista de una transformación radical del sistema de administración de justicia que estaría por venir

EDGAR LÓPEZ

Fotos SANDRA BRACHO
Mora se manifestó a favor de la revolución agraria, pero en contra de las invasiones y el desconocimiento arbitrario de la propiedad privada

— Hoy es 4 de febrero, ¿hay algo que celebrar?
—Bueno, hoy es una fecha histórica que, más que de celebración, debe ser motivo de reflexión.

Fue un hecho que marcó el inicio de un proceso de cambios que se venía gestando silenciosamente y que era la respuesta necesaria a la crisis de carácter económico, social, político que venía de los últimos 30 años por lo menos. Significó una especie de campanazo.

—¿Lo ocurrido el 4-F fue un golpe?
—Sí, por supuesto. Y más que un golpe de Estado, una especie de rebelión cívico-militar contra el orden establecido. Así fue reconocido por sus mismos protagonistas.

—¿No había otra opción?
—Desde mi perspectiva, los que participaron en esa insurrección cívico-militar lo hicieron sobre la base de que no había posibilidad ninguna de cambios dentro del mismo orden institucional. Por esa razón, yo creo que no había otra alternativa.

—¿Cuál es la diferencia entre lo ocurrido el 4-F y lo ocurrido el 12 de abril de 2002?
—La diferencia radical está en que el nuevo modelo constitucional del país establece mecanismos de participación y protagonismo social que pueden canalizar la disidencia y permitir, de verdad verdad, que la mayoría de los venezolanos puedan, en un momento dado, cambiar el rumbo a la situación institucional del país. Con la Constitución del 61 y un régimen de democracia puramente formal, no había verdadera participación protagónica ni posibilidad de expresar y canalizar el descontento político. Por ejemplo, no existían las instituciones del referéndum. En este momento, Venezuela es una de las democracias más oxigenadas del mundo, como lo dijo la esposa de Miterrand.

El golpe de Estado de abril de 2002 fue producto de una conspiración que también llegó al Poder Judicial.

—¿De qué manera?
—De la mano de algunas personas que, de una u otra manera, tenían influencia determinante dentro del Poder Judicial —¿Puede nombrar a alguna de esas personas?
—Sí, yo creo que es público y notorio, por ejemplo, que Luis Miquilena tenía una influencia determinante en la composición del Tribunal Supremo de Justicia y, obviamente, a través de ellos operaba la influencia política con sectores afectos a esta conspiración.

No es casualidad que después de los sucesos del 11 de abril, el señor Miquilena dijo públicamente que el Presidente de la República se manchó las manos de sangre, a pesar de que hasta unos pocos meses atrás, hasta noviembre de 2001, había sido su ministro del Interior y Justicia. Acá mismo —en el TSJ— Franklin Arrieche vino a pedirle a Iván Rincón que pusiera su cargo a la orden, para facilitar las cosas, porque Arcayita, como llamó Arrieche al ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Arcaya, iba a viajar a Washington, yo me imagino que a pedir la bendición de Washington al golpe de Estado. También le dijo que no había ninguna garantía de que los magistrados nos quedáramos en nuestros puestos, pero que él iba a hacer todos los esfuerzos. La idea de él era asumir la presidencia del tribunal y después validar el golpe de Estado.

Fue entonces cuando Juan Rafael Perdomo y yo le dijimos a Rincón: ‘No pongas ningún cargo a la orden que esto es un vulgar golpe de Estado’ . Estaba clara la intención de promover el llamado chavismo sin Chávez.

—¿Cómo fue el proceso de recomposición del TSJ hasta hacer desaparecer el miquilenismo de su seno?
—La gobernabilidad del Poder Judicial se vio amenazada y generó un clima de impunidad, particularmente a partir de la sentencia que absolvió a los golpistas, porque eso estimuló otra forma de subversión del orden constitucional. Tan es así que, a los pocos meses de esa sentencia, se llevó a cabo el paro petrolero, eminentemente político e insurreccional.

Después del fracaso del paro petrolero, se montó otro golpe institucional, a través de un referéndum consultivo disfrazado de revocatorio, tratando con ello, también, de crear una situación de insurrección popular.

Una vez que nosotros, en el TSJ, logramos abortar ese otro golpe institucional, entonces, por fin, se pusieron en vigencia los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución.

—¿Cómo ha sido y cómo será el engranaje entre el Gobierno nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, a efectos del proceso de cambios que lidera Hugo Chávez?
—El deber de todo Tribunal Supremo de Justicia del mundo es ser el soporte fundamental de la Constitución y de la institucionalidad, independientemente del gobierno que, en un momento dado, esté ejerciendo la Presidencia de la República. Yo me siento orgulloso, como venezolano y como magistrado, de haber contribuido con un granito de arena.

Junto con diez de mis compañeros, fuimos factores fundamentales para la estabilidad política del país y para evitar que los atajos insurreccionales, sean frontales o sean encubiertos, pudieran dar al traste con la Constitución. Por eso nuestra actitud firme después de los sucesos del 11 de abril.

—¿Igual usted hubiera defendido la Constitución de 1961 frente al golpe de Estado liderado por Chávez?
—Nunca hubiera sido magistrado durante la Constitución del 61, no obstante que aspiré y fui postulado en varias oportunidades.

Siempre fui marginado porque los partidos políticos que dominaban el antiguo Congreso de la República me veían como una persona revolucionaria, como una persona de izquierda y, en consecuencia, no valían para nada mis credenciales.

—¿Eso es verdad, usted es un revolucionario?
— Sí, yo sí soy revolucionario.

En el sentido más integral de la palabra; es decir, no soy militante de ningún partido político, ni del MVR ni de los partidos que apoyan al Presidente de la República, pero desde niño, desde los 13 años, yo soy revolucionario, en el sentido de que quiero cambios profundos en la estructura política y social de Venezuela, para que sea un país autónomo soberano e independiente y, además, solidario y justo, donde las grandes mayorías de los venezolanos se vean favorecidos por la riqueza pública, donde quepamos todos.

Se trata de igualarnos por arriba, no por debajo y de que no hayan excluidos. Ahora que voy a cumplir 56 años, estoy viendo que parte de mis sueños de juventud se están haciendo realidad.

—¿Igualar por arriba?
—El ideal de redención y de justicia social implica darle a los ciudadanos mayor oportunidad para que crezcan desde todo punto de vista: material y espiritual.

De eso se trata la movilidad social, pues no es justo que sólo 20% de los venezolanos viva en condiciones dignas.

—¿Cómo se concilian las ideas de movilidad social y de lucha de clases?
—Son perfectamente conciliables.

La lucha de clases es el motor de la historia. Los pobres luchan por salir de su situación de pobreza

—¿Estamos hablando de la dictadura del proletariado?
—No, la Constitución establece un modelo humanista, según el cual se puede respetar la libre iniciativa privada, pero el sector público se convierte en el motor de la redención social de los más necesitados, a través de una mejor y más justa distribución de la riqueza.

—Cuentan que el ex magistrado José Delgado Ocando, respetado por todos, consideraba que Chávez no había hecho nada verdaderamente revolucionario.

¿Qué opinión le merecen las ejecutorias del actual gobierno, de acuerdo con el tipo de revolución a la cual usted aspira?
—Hasta donde tengo entendido, el doctor Delgado Ocando estaba y está totalmente identificado con el proceso de transformación que estimula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este un proceso de cambios que podríamos decir que es revolucionario si asumimos como revolución un cambio profundo en toda la estructura del Estado.

—¿Usted está identificado con este proceso de cambios?
—Yo estoy identificado absolutamente con el proceso de cambios que estimula la Constitución. Esa Constitución corresponde a mis sueños de juventud y, con gusto, estoy trabajando para hacerla letra viva.

—¿Cómo evalúa usted la gestión del presidente Chávez?
—El liderazgo del presidente Chávez ha sido factor fundamental en este proceso de transformación. Ha sido el motor fundamental de un proceso que lo van a hacer todos los venezolanos, respetando las disidencias.

Será la historia la que se encargará de evaluar la obra de gobierno del presidente Chávez.

—¿Cómo se inserta el Poder Judicial en ese proceso de cambios?
—Nosotros, como Poder Judicial, debemos iniciar una lucha por transformar revolucionariamente al Poder Judicial. Sustituir el viejo andamiaje, caracterizado por una burocracia excesivamente lenta, costosa y corrupta, que sólo privilegiaba los grandes intereses. Rescatar valores tan importantes como la dignidad, la honestidad y el amor. Es un viejo sueño y ahora la historia nos ha dado la oportunidad de ser protagonistas de ese cambio. Estoy lleno de esperanza, de optimismo, de ilusiones...

—¿En que se parece la revolución bolivariana a la revolución cubana?
—Cada revolución debe ser original.

Uno de los errores del pasado, de quienes luchamos por transformar revolucionariamente la sociedad, fue la tendencia a copiar mecánicamente modelos extranjeros. En un momento dado, quisimos copiar la revolución bolchevique y fracasamos; después quisimos copiar la revolución china y fracasamos; luego la revolución cubana influyó poderosamente en la generación de los años 60 y quisimos aplicar mecánicamente esa experiencia y también fracasamos. La virtud de este proceso de transformación revolucionaria que vive Venezuela es que es una experiencia original.

El magistrado sólo le dijo que se trataba de unos jueces “anárquicos”.

A través de un encuentro más directo, le explicaría en que consiste esta especie de purga de funcionarios calificados como “golpistas”.

A los reporteros sólo reiteraría que todos los jueces del país serán evaluados y que se harán las remociones y designaciones que sean necesarias, con el propósito de que, este mismo año, la mayoría de ellos sean titulares de sus cargos.

Negó enfáticamente que su poder como presidente del TSJ haya sido debilitado con la designación de Luis Velásquez Alvaray en la Presidencia de la Comisión Judicial y en la coordinación general de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura: “Va a haber colaboración, más no confrontación. Yo tengo excelentes relaciones personales con mi compañero y amigo Luis Velásquez Alvaray”.

En cuanto a los programas sociales que adelanta el Gobierno nacional dijo que “cualquier iniciativa pública o privada que atienda la redención del ser humano debe ser valorada como positiva y aplaudidas por todo el país, no sólo por los que apoyan al Presidente”. Igualmente, se manifestó a favor de la llamada revolución agraria, “de acuerdo con las líneas cardinales establecidas en la Constitución”, acotó. Sin embargo, dijo estar en contra de las invasiones y el desconocimiento arbitrario de la propiedad privada.

Además de su familia y su trayectoria profesional, Omar Mora Díaz habla con orgullo su militancia partidista en el pasado: “En los años 66 y 67, yo estuve preso cuatro veces en la Digepol y tres veces en la PM.

Estuve hasta en Cachipo, un campamento antiguerrillero que estaba en Oriente. Yo militaba en la Juventud Comunista, en la clandestinidad. La vez que estuve preso seis meses fue cuando me imputaron haber colaborado con la guerrilla, con el frente guerrillero que estaba en Falcón”.

—¿Y sí estuvo vinculado con los movimientos guerrilleros?
—Sí. Yo trabajaba en el frente de masas. La labor nuestra consistía en organizar a los estudiantes para apoyar el movimiento insurreccional.

—¿Se trataba de lucha armada?
—Claro, por supuesto, lucha armada. Yo comencé a los 13 años de edad y milité hasta que se dividió el Partido Comunista. Me fui al PRV, porque yo era de la línea dura, pero, como ese movimiento fue infiltrado por los organismos de inteligencia se desmoronó. De ahí en adelante mantuve una posición independiente de izquierda, hasta hoy.

“Nunca hubiera sido magistrado durante la Constitución del 61, no obstante que aspiré y fui postulado en varias oportunidades. Siempre fui marginado”

“En este momento, Venezuela es una de las democracias más oxigenadas del mundo, como lo dijo la esposa de Miterrand”

DE CHÁVEZ A JESUCRISTO

No obstante que su esposa lo estaba apurando, porque debía cumplir otros compromisos, como corolario de la entrevista, Omar Mora Díaz aceptó reaccionar con frases cortas a la mención de instituciones y personalidades: ¿Medios de comunicación social?: “Deben estar al servicio de la verdad y sólo de la verdad”. ¿Partidos políticos?: “Deben actuar en función de la construcción de un país solidario”. ¿Fuerzas Armadas?: “Baluarte fundamental de la Constitución y la ley”.

¿Iglesia?: “Amor y más amor”, ¿Sociedad civil?: “Solidaridad”. ¿Hugo Chávez?: “Liderazgo”. ¿Simón Bolívar?: “El mayor liderazgo”. ¿Fidel Castro?: “Ejemplo de dignidad”. ¿George W. Bush?: “Mediocridad”, ¿Luiz Inácio Lula Da Silva?: “Esperanza”, ¿Juan Pablo II?: “Amor”. ¿Adolfo Hitler?: “Negación de la vida”. ¿Kofi Annan?: Moderación. ¿Bill Gates?: Agresividad”. ¿Alguien más digno o indigno de admiración?: “Jesucristo”.

 

Omar Mora Díaz, Presidente del TSJ
No se puede hablar de corrupción en la DEM hasta no tener la conclusión de las investigaciones

(http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1795)

“Tenemos la responsabilidad de vigilar que la corrupción judicial llegue a su mínima expresión y que desaparezca”, afirmó el magistrado Mora, destacando que de manera responsable tanto por las autoridades salientes como las entrantes han solicitado los informes pertinentes en todas las áreas

El magistrado Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Omar Alfredo Mora Díaz, al ser consultado por los medios de comunicación social sobre las denuncias de presunta corrupción en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, señaló que el Alto Tribunal tiene la altísima responsabilidad no solamente de encausar y profundizar el proceso de cambios necesarios para construir un poder judicial lo más transparente posible, sino que “tenemos la responsabilidad de vigilar que los fenómenos de corrupción judicial lleguen a su mínima expresión y que desaparezcan, así como debemos luchar contra cualquier foco de corrupción en el área administrativa”.

Explicó que la unidad de auditoria maestra está en la obligación permanente de hacer seguimiento a todos los procesos administrativos, y no se puede hablar precipitadamente del fenómeno de corrupción judicial en la DEM, hasta que no se tenga la conclusión de las investigaciones, lo que sí se ha hecho de una manera responsable tanto por las autoridades salientes como por las entrantes es solicitar los informes pertinentes, tanto del área de infraestructura como de la de adiestramiento y capacitación; y colocaciones financieras con la mayor transparencia.

HAY QUE ESPERAR RESULTADOS ANTES DE HACER JUICIOS DE VALOR

Para Mora Díaz el hecho de que se haya iniciado una investigación que se le solicitó a la Contraloría General de la República “no significa que a priori se vayan a hacer juicios de valor o una condenatoria anticipada y hay que esperar a que termine el proceso, y si allí se determina que existe alguna irregularidad, para eso están los organismos jurisdiccionales competentes a fin de establecer las responsabilidades individuales a que hubiera lugar”. Reiteró que sería inconveniente establecer un juicio de valor porque eso atentaría no sólo contra la investigación que adelanta la CGR, “sino contra el buen nombre y la reputación de personas honorables a las que no podemos responsabilizar, sin que medie un resultado lo más objetivo posible”, dijo.

PLAN ESTRATÉGICO DEBE DEFINIRSE POR CONSENSO

Le fue consultada su opinión sobre la viabilidad del Plan Estratégico que propuso para reformar el poder judicial, “no quisiera evaluar lo que va a suceder con la propuesta que presenté en la Sala Plena de la semana pasada un simple papel de trabajo, donde con la experiencia que hemos adquirido en los últimos 5 años en el TSJ, tenemos una misión y una visión de hacer un poder judicial, más eficaz, más transparente, mucho más independiente que garantice la vigencia plena de la Constitución y dar respuesta a una demanda de la sociedad. El país nos pide un poder judicial confiable que garantice la vigencia plena de los valores y principios de la Constitución, que eliminemos la corrupción judicial, que legitimemos a los jueces porque ya basta que tengamos un 70% de jueces en (provisoriedad), este es un papel de trabajo que sometí a la consideración del resto de mis compañeros y ellos lo están estudiando y harán sus recomendaciones, al final no será un papel de trabajo presentado por el Presidente sino un plan de trabajo aprobado por todos”. Recomendó a los periodistas paciencia hasta la próxima semana cuando se tomarán las decisiones en Sala Plena y se darán a conocer en rueda de prensa al país, “por respeto a la investidura e inteligencia de mis compañeros no adelanto opiniones que puedan comprometer los aportes que ellos pudieran hacer”.

LA META DE 2005 ES LEGITIMAR AL 100% DE LOS JUECES

Mora Díaz resumió las propuestas presentadas así: “necesitamos construir un poder judicial con rostro humano, un juez que sea juez rector, que a través de la oralidad (SIC) del proceso se garantice una justicia expedita, rápida, oral, honesta, transparente, equilibrada y que también de respuesta a las necesidades de justicia de la inmensa mayoría de la población que hasta ahora ha sido excluida del sistema de administración de justicia; hay que continuar la política de construir una planta física digna y dotarla con tecnología de punta; entrenar y capacitar a los jueces de una manera intensiva pero con calidad científica; hacer los concursos de oposición de una manera programada; y el objetivo central es que este mismo año estén legitimados el 100% de los jueces; en dos palabras hacer lo que se hizo con la jurisdicción laboral, que es la más moderna del mundo, por supuesto adecuándola a las particularidades de cada una”.

CASAS DE LA JUSTICIA SERAN UNA REALIDAD

Informó que se retomará la idea de las Casas de la Justicia, una propuesta que presentará la Dra. Luisa Estella Morales, que consiste en ir hacia los sectores menos favorecidos, los más excluidos que son entre el 70 y 80% de la población, establecer módulos de atención ciudadana para que las personas de escasos recursos puedan tener asesoría jurídica para constituir cooperativas, para registrar títulos de propiedad de la tierra, etc. “Es un plan integral mucho más complejo, pero con los pies en la tierra y con posibilidades reales de materialización y que obviamente va a ser producto de una larga discusión que tendremos en Sala Plena. Ese plan se va a mejorar y lo que se apruebe va a comprometer a los 32 magistrados”, dijo. Recordó que ahora los magistrados no sólo tienen la función jurisdiccional, sino la administrativa, gobierno y administración del poder judicial, la defensa pública, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Comisión Judicial, la DEM, la Inspectoría de Tribunales, y todos los organismos autónomos que tienen que ver también con el poder judicial, “para que todos como un gran equipo impulsemos los cambios necesarios con transparencia como hemos hecho en otras jurisdicciones”, dijo Mora.

23 de febrero de 2005

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EL UNIVERSAL - Viernes 18 de febrero de 2005

 

REVOLUCION JUDICIAL / Colaboración con TSJ
ORGANISMOS DE SEGURIDAD INVESTIGARÁN A JUECES

 

También solicitarán colaboración de los poderes públicos y crearán oficinas para la recepción de denuncias efectuadas por usuarios de la administración de justicia, abogados y trabajadores del Poder Judicial

Fusionarán propuestas de Luis Velásquez Alvaray (izquierda) y presidente del TSJ, Omar Mora Díaz (derecha)
(Foto Archivo)

IRMA ALVAREZ
Los organismos de seguridad (Disip y Cicpc) y los poderes públicos contribuirán con la evaluación de los jueces que fue declarada en marcha y de la cual dependerían la reestructuración del Poder Judicial y la toma de medidas disciplinarias en contra de quienes estén incursos en faltas.
La iniciativa será impulsada por la Comisión Judicial (CJ) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que preside el magistrado Luis Velásquez Alvaray y, según garantizaron fuentes, se inscribirá dentro del "Plan estratégico para la transformación revolucionaria del Poder Judicial venezolano" que presentó en la Sala Plena el titular del máximo juzgado, Omar Mora Díaz.
Cabe recordar que dicho documento propone revisar la conducta y gestión de los jueces y del personal administrativo y remover a quienes estén implicados en actos de corrupción, hayan cometido error inexcusable o faltas a la moral, ética o decoro y hagan proselitismo político.
Los treinta y un magistrados que integran la Sala Plena, junto a Mora Díaz, analizarán el texto antes de aprobarlo.
Para garantizar que la evaluación sea permanente, la Comisión Judicial también tiene prevista la creación de oficinas para recibir denuncias, que serán instaladas en cada una de las circunscripciones judiciales del país.
A cargo de estos despachos estará un funcionario que, en aras de garantizar el derecho constitucional a la participación ciudadana, recibirá por igual los reportes de irregularidades efectuados por usuarios de la administración de justicia, abogados y trabajadores, acotaron otros informantes vinculados al alto tribunal.
Además de Velásquez Alvaray (Sala Constitucional), integran el organismo disciplinario del TSJ los magistrados Luis Ortiz Hernández (Sala de Casación Civil); Carmen Elvigia Porras de Roa (Sala Social); Deyanira Nieves Bastidas (Sala Penal); Luis Sucre Cubas (Sala Electoral) y Emiro García Rosas (Sala Político Administrativa).
Cabe recordar que la CJ es la instancia encargada de tomar medidas como la suspensión o la destitución, cuando se detectan faltas cometidas por los llamados jueces provisorios. También le corresponde designar al juez que ocupará el cargo del afectado con la decisión.
En los casos de los jueces titulares, las denuncias deben pasar a manos de la Inspectoría General de Tribunales, instancia que inicia un procedimiento del cual dependerá que se solicite la amonestación, suspensión o destitución de jueces ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial.
Esta última reemplazó a la Comisión de Emergencia Judicial que fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 1999, para depurar el Poder Judicial.
ANALISIS
SE CONFIRMA LA ALARMA

Alberto Arteaga Sánchez
Ha sido anunciado y presentado, con bombos y platillos, un "Plan estratégico para la transformación revolucionaria del Poder Judicial venezolano".
La sola mención de este proyecto, en esos términos, es suficiente para confirmar la alarma, angustia y preocupación que con toda razón se ha generado en la colectividad en torno al Poder Judicial.
Hacer referencia a una transformación revolucionaria del Poder Judicial es la negación de los cambios profundos que todos aspiramos en el sistema de justicia en Venezuela ya que, sin duda, no hay que ser muy perspicaz para identificar revolución con gobierno revolucionario y los gobiernos en Venezuela sólo han propiciado la dependencia y la sumisión de los jueces a los designios del Ejecutivo.
La integración del Tribunal Supremo de Justicia con magistrados que garanticen que no se producirán "autogoles"; el anuncio de la revisión de la sentencia de sobreseimiento a los militares involucrados en los hechos del 11 de abril del 2002; la anunciada exclusión de los jueces que convalidaron decisiones adversas al régimen; la suspensión de jueces que han sentenciado en contra de los intereses prevalentes en el sector oficial; y el anuncio de una justicia revolucionaria; todo esto, nada tiene que ver con la aspiración sentida y anhelada de una verdadera justicia en manos de árbitros imparciales y honestos que sólo tienen que decidir conforme a su conciencia y el derecho, como camino para imponer la justicia.
La justicia no tiene apelativos, no es revolucionaria, ni retardataria; no es bolivariana, ni escuálida; ni de derecha, ni de izquierda. Es la justicia a secas, que sólo se identifica con darle a cada quien lo que le corresponde, sin acepción de personas; es la prudencia, el sentido común y la firme voluntad de aplicar la ley en su espíritu y razón; es el valor fundamental de una sociedad, que hace posible que cualquier ciudadano confíe en que el conflicto en que está inmerso se resolverá en el marco de la legalidad y no según el capricho del juzgador o según la orden que le haya sido impartida.
Los venezolanos no queremos una revolución judicial, sino algo más sencillo y menos pomposo. Queremos una justicia confiable; jueces de probada honestidad y de una trayectoria profesional impecable; queremos jueces que sean ejemplo de virtudes ciudadanas; queremos jueces que no sean militantes políticos; y .... si es posible, que además de todo lo anterior, sepan algo de Derecho o, por lo menos, que estén dispuestos a aprender y tengan el firme propósito de no aceptar decisiones impuestas, decididos a sacrificar su cargo en aras de mantener firme su criterio, con apego irrestricto a los dictámenes de la ley.
Por último, dos citas que estimo importantes:
El magistrado Juan Rafael Perdomo, a quien respeto y aprecio, advirtió que los jueces sólo debían ser militantes de la Constitución y que era imprescindible que "los interesados en ocupar estos cargos se desprendan de sus posturas ideológicas, debido a que les han dado un gran poder: Administrar Justicia" (El Universal, 2/6/2004, pág. 1-8).
Y Cicerón dijo: "cuando la política entra al templo de la justicia, la moral huye por la ventana".
JURISTAS ESPERAN POR APERTURA DE CONCURSOS

TERESA DE VINCENZO

Si la "revolución judicial" anunciada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Omar Mora, es para transformar la estructura clientelar del sistema judicial venezolano, la ex miembro de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Ana María Ruggieri, está de acuerdo con el magistrado.
Pero, considerando que su tránsito por el Poder Judicial "estuvo lleno de todos esos vicios" que ahora se desean eliminar, "tendría que ver que efectivamente se hagan esas cosas", comentó.
Ruggieri precisó que lo que Mora califica de "revolución judicial", efectivamente debe transformar las estructuras del sistema y ponerlo a tono con la modernización.
"Una de las cosas que uno más padece es que el país sea cada vez más arcaico y medieval. Ahora, si la revolución la entendemos como la transformación de las estructuras para eliminar el sistema clientelar, estoy de acuerdo con Omar Mora", agregó.
Indicó que dicho cambio sería compartido por todos, ya que el país anhela que se realicen los concursos, se evalúe a los jueces y se elimine el proselitismo político.
A propósito de ese último elemento, dijo que fue "una de las cosas más terribles que padeció en la Corte Primera de lo Contencioso".
Dijo que efectivamente los jueces no deben hablar de tendencias políticas, ni tener preferencias, porque su misión tiene que ser imparcial y no puede estar sesgada".
Recordó la jurista que su tránsito "traumático" por el Poder Judicial "estuvo lleno de todos esos vicios que quiere eliminar Mora. "Cuando uno no tiene la mejor experiencia, tiene que ver que efectivamente se hagan esas cosas".
Por su parte, el abogado y profesor universitario Gustavo Linares Benzo dijo que es necesario otorgarles a los jueces estabilidad, porque una continua "emergencia judicial" crea una zozobra permanente que impide la correcta administración de justicia.
A propósito del anuncio del magistrado Omar Mora, recordó que en el año 2000 se iniciaron los concursos para jueces que luego fueron paralizados, abruptamente, en 2001 y 2002, por supuestas razones presupuestarias.
Indicó que los concursos públicos tienen dos ventajas: que se conoce la evaluación del juez y que el ganador cuenta con estabilidad. "Desde entonces los jueces se nombran de manera provisoria y, por eso, aquellos que dictan medidas incómodas son inmediatamente destituidos", apuntó.
Señaló que lo importante es que se llenen los cargos provisionales mediante concursos.