Caracas, miércoles 14 de diciembre, 2005
Por instigación a la desobediencia de las
leyes, rebelión y uso de documento falso
Condenaron a Ortega a 15 años
La
inhabilitación política le impediría continuar frente a la central obrera
EDGAR
LOPEZ
EL UNIVERSAL
La juez novena de
Juicio, Milagros Morales, condenó al presidente de la Confederación de
Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, a 15 años, 11 meses, cinco días y 20
horas de prisión, por los delitos de rebelión civil, instigación a la
desobediencia de las leyes y uso de documento falso, por haber liderado la
convocatoria al paro general que se llevó a cabo entre diciembre de 2002 y
febrero de 2003.
La
sentencia se dictó a las 4:30 pm de ayer, dos horas y
media después de que concluyó el debate oral y público que comenzó el pasado 3
de diciembre y durante el cual se escucharon las declaraciones de 34 testigos y
expertos y se analizaron pruebas documentales promovidas por el Ministerio
Público. Inexplicablemente, la defensa del dirigente sindical desistió de las
pruebas que le permitirían demostrar su inocencia.
A
Ortega también se le impusieron inhabilitación política (lo cual le impediría
seguir ejerciendo la presidencia de la CTV), interdicción civil y sujeción a la
vigilancia pospenitenciaria. Sólo quedó exonerado del
pago de costas procesales. Por lo pronto, continuará recluido en el centro
penitenciario de Ramo Verde.
Daños
materiales y humanos
Durante
la sexta y última sesión del juicio la fiscal sexta del Ministerio Público,
Luisa Ortega, concluyó que quedó plenamente demostrada la comisión de los tres
delitos imputados al dirigente sindical y, sobre todo, los daños materiales y
humanos que causó el paro mediante el cual la oposición exigía una salida
electoral a la crisis política que se generó en abril de 2002.
Según
la fiscal, la instigación a la desobediencia de las leyes se cometió desde el
mismo momento en que Ortega, como vocero de la Coordinadora Democrática, instó
al desconocimiento de las autoridades gubernamentales legítimamente
constituidas. A modo de ejemplo, recordó que con el testimonio del ex ministro
de Finanzas, Tobías Nóbrega, quedó claro que el
llamado a la desobediencia tributaria disminuyó la recaudación de impuestos y
generó desequilibrios en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.
Sobre
la base de lo dicho por varios testigos, entre ellos los integrantes de una
organización pro gubernamental denominada Asociación de Víctimas del Paro, la
fiscal también refirió que el colapso de los servicios públicos básicos generó
múltiples perjuicios a la ciudadanía y, en algunos casos, muertes.
Disentir
no es delito
Carlos
Roa, defensor de Ortega, razonó que, en este caso, la Fiscalía hizo una
interpretación gramatical de la rebelión. Desde su punto de vista, el simple
alzamiento contra el régimen no constituye delito, pues la legislación
venezolana sólo penaliza un pronunciamiento realizado en forma pública, con
hostilidad y mediante el uso de las armas.
Insistió
en señalar que los videos exhibidos en el juicio permitían verificar que
Ortega, reiteradamente, explicó que el objetivo del paro era la búsqueda de una
salida "constitucional, democrática, pacífica y electoral".
En
respaldo de sus señalamientos, comentó que el disentimiento frente al Gobierno
se expresó a través de la solicitud de la renuncia del presidente Hugo Chávez
o, en su defecto, la realización de un referendo para acelerar su relevo en el
cargo. Roa destacó que ambas cosas estaban establecidas en la Constitución
Nacional, por lo cual no podrían ser consideradas delitos.
Según el abogado defensor, en el
juicio sólo se ventilaron opiniones subjetivas y, en ese sentido, dijo que la
jueza Morales también ha debido considerar que el propio Chávez dijo que el
paro había sido inocuo.
Caracas, miércoles 14 de diciembre, 2005
"Soy un prisionero del
presidente Chávez"
Carlos Ortega aprovechó su derecho de palabra para
dar un discurso político, pues aseguró que desde el principio del juicio sabía
que lo iban a condenar. A sí mismo se define como "un prisionero de
Chávez", por lo cual dijo entender que la juez Milagros Morales y la
fiscal Luisa Ortega no actuaran imparcialmente sino en fiel cumplimiento de
órdenes impartidas desde Miraflores.
"El
paro fue convocado por todos los sectores democráticos y era propiedad de
todos. No ha variado la persecución a la disidencia, por lo cual hoy ratifico
que hay que prepararse para lo difícil. Aquí no vale Constitución ni COPP, pues
el Poder Judicial está secuestrado por Chávez, al extremo de que no se permitió
ser juzgado con escabinos", expresó pocas horas
antes de ser condenado. Insistió en defender la protesta que emprendió la
oposición a finales de 2002, se fundamentó en genuinos valores democráticos: la
protesta pacífica frente a los abusos de poder y de autoridad, así como la
defensa del voto.
Se
atrevió a pronosticar males peores como el cierre de medios de comunicación
social y desaparición de las convenciones colectivas, al tiempo que aumentará
el deterioro de la economía (por la desinversión
nacional y extranjera), la crisis de inseguridad ciudadana y, en general, la
vulnerabilidad de la calidad de vida de los venezolanos, por insatisfacción de
necesidades básicas. Aunque parecía ajeno al debate que se llevó a cabo en el
Tribunal Noveno de Juicio, Carlos Ortega considera que el déficit de democracia
que motivo el paro se mantiene y un ejemplo de ello sería el 75% de abstención
en las recientes elecciones parlamentarias.
Finalmente, dijo que volvía a la
cárcel de Ramo Verde sin cargos de conciencia, pero angustiado por el país.
El Nacional - Miércoles
14 de Diciembre de 2005 A/4
La jueza 9ª de Juicio, Milagros Morales, sentenció en tan sólo seis
audiencias al presidente de la CTV por rebelión, instigación a delinquir y uso
de acto falso.
Ordenó
que permanezca detenido en Ramo Verde.
VANESSA GÓMEZ QUIROZ
El presidente de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela, Carlos Ortega, fue sentenciado a 15 años, 11 meses, 5 días y 20
horas de prisión, luego de ser sometido a juicio por los delitos de rebelión
civil, instigación a delinquir y uso de acto falso.
Ortega fue acusado por la fiscal 6ª
nacional, Luisa Ortega Díaz, por haber liderado el paro nacional de diciembre
de 2002 y enero de 2003 lo cual, según consideró el Ministerio Público,
representó un delito por haber violentado la paz y tranquilidad de la nación.
El líder sindical ofreció ayer, a manera de conclusión, unas
palabras poco alentadoras con las que manifestó a la juez 9ª de Juicio,
Milagros Morales, que esperaba de ella una sentencia condenatoria: “Tome usted
la decisión no apegada a Derecho, acate el mandato del Presidente, no hay dudas
de que yo soy un prisionero de Hugo Chávez”.
Ratificó lo que desde la primera audiencia del día 22
de noviembre había manifestado: que estaba en presencia de un juicio político,
y reiteró que tenía su conciencia tranquila. “Estoy en paz con la CTV, con mis
compañeros del movimiento sindical, mi familia, la sociedad venezolana; no
tengo nada qué temer”.
Asimismo, expresó que consideraba que su conducta había sido
intachable. “No he robado a nadie, no soy corrupto, no soy conspirador o
golpista, no soy terrorista. Soy un hombre que me la juego con cualquiera en
este país”.
De esta forma, Carlos Ortega se convirtió en el primer
condenado por la organización y ejecución del paro nacional de 2002-2003,
aunque la fiscal Ortega aseguró ayer durante sus conclusiones, que también
estaba señalado por esto el representante empresarial Carlos Fernández, quien
no se ha puesto a derecho, y que además la Fiscalía está investigando a otras
personas.
La funcionaria aseguró en sus conclusiones que Ortega sí
había cometido delito al pretender deponer al Presidente a través de “llamados
hostiles a la población”.
Explicó que sí hubo rebelión a pesar de que no hubo uso de
armas, y argumentó que la insurrección militar es la que requiere el uso de
armamento.
Igualmente, asentó Ortega Díaz que el presidente de
la CTV instigó a desobedecer las leyes, al hacer llamados públicos a trancar
las calles y avenidas, a no pagar los impuestos, a sabotear la dotación de
combustible y alimentos y a cerrar los negocios.
En cuanto al uso de acto falso, la fiscal sólo se refirió a
que con una cédula falsa a nombre de Manuel Mendoza, el presidente de la CTV
adquirió una licencia de conducir y un certificado médico.
El juicio contra Carlos Ortega tuvo una duración de poco más
de tres semanas, durante las cuales se realizaron sólo seis audiencias en el
Tribunal 9º de Juicio. La Fiscalía presentó 34 testigos y expertos, 4 videos y
varios documentales; mientras, la defensa desistió de todos los elementos
probatorios que promovieron.
Por su parte, el abogado Carlos Roa Roa,
aseguró que apelará la sentencia de casi 16 años que se le dictó a su
defendido. “La pena era algo esperado por nosotros, tanto por la defensa como
por mi defendido, pero tenemos el recurso de apelación y todos los demás
recursos que prevé la ley, los cuales se introducirán en la oportunidad debida”.
Ortega, quien fue detenido el 28 de febrero de este año,
permanecerá recluido en el Centro de Procesados
Militares de Ramo Verde, hasta tanto un Tribunal de Ejecución decida el
establecimiento donde deberá cumplir la condena establecida.
Manuel Cova:
Maltratan
los derechos
El secretario general de la CTV aseguró que el país
no debe sorprenderse con el tipo de sentencia aplicada a Carlos Ortega,
presidente de la central obrera. Y añadió: “Están cobrándole a un luchador
social el único delito de defender los derechos a los trabajadores”.
Cova
agregó que el Gobierno “pretende perseguir a todo aquel que no comparte su
punto de vista”. “Este Poder Judicial no acabará con la vida de la gente.
Los trabajadores tenemos que entender el tipo de gobierno y
justicia que hay en Venezuela. Están maltratando el derecho de los ciudadanos”.
Alfredo Ramos:
Monstruosidad
jurídica
El dirigente sindical manifestó solidaridad con
Ortega y rechazó enérgicamente la sentencia. “La consideramos una monstruosidad
jurídica, una barbaridad, porque hasta ahora el único delito de los que fuimos
al paro fue ejercer un derecho: el derecho a huelga”.
Agregó que con la decisión “se está demostrando que el Poder
Judicial está arrodillado”. Y añadió:
“Sabemos que lo que el Gobierno quiere es enviar un
mensaje a los disidentes: el Gobierno intenta liquidar el derecho a huelga
(...) a nosotros no nos va a arrodillar nadie”. Ramos informó que el comité
ejecutivo de la CTV se reunirá hoy para tratar el asunto.
Súmate rechaza
sentencia
La organización civil Súmate, por medio de un
comunicado, rechazó la sentencia contra Carlos Ortega.
En el texto señalan que es “la más flagrante violación de
los más elementales derechos universales que tienen los seres humanos”.
Consideran que el juicio demuestra la sumisión del Poder
Judicial a los dictámenes del Poder Ejecutivo.
Asimismo, señalan que es la prueba más palpable de que en el
país no hay división de poderes.
Convocaron a todos los venezolanos “de buena voluntad” a
repudiar el hecho.
Nicolás Maduro:
Empezó el camino de la justicia Nicolás Maduro, presidente de la
Asamblea Nacional, celebró la sentencia y aseveró que “empezó el camino de la
justicia y lo importante es que la memoria del venezolano se mantenga viva”.
Manifestó que Ortega “se convirtió en un mercenario de los
peores intereses de la antipatria”, por los presuntos daños que le hicieron al
país con el paro petrolero de 2002.
“Estoy en paz con la CTV, con mis compañeros del
movimiento sindical, mi familia, la sociedad venezolana; no tengo nada qué
temer” Carlos
Ortega a la jueza Milagros Morales